Carlos Di Marco, dirigente del Movimiento Social de Misiones debió presentarse este miércoles ante el Juzgado Federal de Eldorado, en el marco de la causa que se le sigue al también dirigente del MSM Rubén Ortiz por presunta comisión del delito de “instigación al corte de ruta en concurso real”. Por esta imputación el juez Mario Hachiro Doi ordenó la dentición, en febrero pasado de Ortiz, quien  tras casi 24 horas recuperó la libertad y aguarda aún que se resuelva su situación procesal. La defensa pidió la nulidad de las actas y los anexos fotográficos y fílmicos  presentados   por Gendarmería.

La cedula judicial recibida  Carlos Di Marco, en la mañana del lunes último  no especificaba en calidad de que debía presentarse ante el Juzgado Federal de Eldorado. Recién en esa dependencia judicial  se le informó que la declaración era en carácter de imputado y no de testigo, como suponía él,   en la causa  M 44 / 2009   instruida   contra el también dirigente del Movimiento Social de Misiones, el docente Rubén Ortiz, detenido durante casi 24 hs, en febrero pasado, tras acompañar la protesta de   tareferos de la zona que habían sido excluidos del subsidio del periodo de la inter-zafra. La Dra. Roxana Rivas, abogada defensora, destacó la gravedad de esta irregularidad porque toda  notificación debe especificar con claridad el motivo y la condición del declarante para que éste pueda prever, en el caso que lo necesite, la presencia de un abogado.

Di Marco, quien se abstuvo de declarar,  se mostró sorprendido por esta  “incorrecta” notificación  y lamentó la arbitrariedad y perversidad  con la que se maneja la justicia federal al criminalizar  las metodologías de protesta para desviar la atención de los problemas estructurales que motivan los diferentes reclamos en toda la provincia.  “Me acusan de incitación a la violencia como si yo, o Rubén Ortiz fuésemos  responsables   del hambre que llevó a los tareferos a decidir en asamblea el corte de ruta,    cansados de que los gobiernos municipal y provincial no los atiendan”, destacó el ex colaborador el Obispo Emérito Joaquín Piña y ex candidato a vice gobernador del  Frente por la Dignidad.

“La solidaridad criminalizada”

Durante los meses de febrero y marzo los tareferos de la zona de Montecarlo reclamaron a las autoridades provinciales el pago de un subsidio nacional de 225 pesos gestionado para el periodo de la inter-cosecha, que va de  noviembre a marzo de cada año. Cerca del  70% de los cosecheros de la yerba mate no pudo acceder al mismo porque no cumplían uno de los requisitos exigidos, tener una antigüedad de 6 meses como personal formalmente registrado. “Fueron al estado municipal, provincial y nacional y fueron desoídos. No  se reconoció esa necesidad básica que debe garantizar el Estado según lo prevé la propia Constitución Nacional. Se hubieran abierto canales antes,   porque cuando  el hambre   no puede esperar es   legítimo expresarse en la vía pública”, destacó Di Marco un dirigente que viene acompañando los reclamos sociales   desde hace casi 20 años en la provincia y casi 40 en todo el país.

La protesta concitó la adhesión de numerosos sectores sensibilizados con la problemática  de la zona y generó que el Concejo Deliberante de Montecarlo declarara la emergencia alimentaria para garantizar la atención de las necesidades básicas de estas familias. “La Emergencia alimetaria legitima el reclamo de los tareferos y de quienes acompañamos”, sostuvo Di Marco quien remarco que “los  ciudadanos  estamos llamados a no ser indiferentes al hambre de nuestros hermanos y a acompañar los reclamos que son legítimos”.

La causa

Con la incorporación de Carlos Di Marco ya son dos los imputados en esta causa. El primero fue  el docente Rubén Ortiz quien fuera detenido en febrero último y puesto en libertad hasta tanto el juez resuelva su situación procesal.   El expediente fue abierto  a raíz de la presentación realizada por el jefe del Escuadrón 10 de Gendarmería de Montecarlo a la que   se sumó una denuncia del ministro de Gobierno Jorge Franco.   En  la causa     ya declararon 3 testigos, entre los que se incluye el Sub-alférez de Gendarmería Nacional  Miguel Ángel Moreira, quien fue el encargado de labrar las actas de los cortes que sustentan las denuncias.  Resta ahora una declaración testimonial  más para que el juez decida la situación procesal tanto de Di Marco como de Ortiz.

En tanto la defensa resaltó que las actas de gendarmería presentan información contradictoria por lo que se pidió la nulidad de las   mismas y también de los anexos fotográficos y fílmicos aportados por esta fuerza.  Fueron  observados además los testigos que firmaron las actas, quienes reconocieron en la declaración testimonial que “fueron invitados a suscribir las mismas  aun sin haber presenciado los hechos que allí se  relataban”.