La magnitud de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado instaurado durante la última dictadura cívico militar en nuestro país tiene en la Masacre de Margarita de Belén uno de los ejemplos más representativos en nuestra región.
Ocurrido en la madrugada del 13 de diciembre de 1976. Un grupo, aproximado, de 22 presos políticos fueron concentrados en la Alcaidía de Resistencia para un posterior "traslado a la cárcel de Formosa". Sacados de la Unidad Penal Nº 7 de Resistencia, la Brigada de Investigaciones de Chaco o traídos desde distintas provincias de la región fueron sometidos, la noche del 12 de diciembre, a terribles sesiones de torturas que se prolongaron hasta la madrugada. Cerca de las 3 de la mañana fueron subidos a vehículos de las fuerzas conjuntas y trasladados hasta el lugar de la ejecución, el que fuera sobrevolado días antes por las autoridades del gobierno provincial. El parte oficial difundido esa misma madrugada, por la Séptima Brigada de Infantería con asiento en Corrientes informó que hubo un "enfrentamiento" entre "subversivos peligrosos" y "fuerzas del orden" en el que fueron "abatidos tres delincuentes peligrosos, logrando escapar los restantes aprovechando la confusión y la oscuridad".
La causa llegó a Juicio Oral y Público el pasado jueves 3 de junio, en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Resistencia, 33 años después de producida la matanza. Graciela Franzen, ex presa política, hermana de Arturo Franzen uno de los 22 militantes sociales que figuran entre los asesinados destacó, en la primera jornada de audiencia oral, que la posibilidad de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad es un triunfo de la democracia y agrego "estoy frente a la casa de la memoria, la ex jefatura de la policía donde nuestros familiares fueron detenidos torturados. Es mucha la emoción. Durante todos estos años de democracia se estuvo luchando para que este juicio salga por las complicidades civiles. 33 años fue mucho, para tanta impunidad", remarcó desde Resistencia, en medio del primer cuarto intermedio de la jornada inaugural del juicio.
También desde Resistencia y en esa misma jornada Gustavo Pierola, hermano de Fernando Pierola otra de las víctimas de la masacre, recordó los años de lucha de familiares, muchos de los cuales hoy ya no están físicamente para ver este juicio, para que la justicia pudiera sentar en el banquillo de los acusados a los responsables. "Hemos llegado después de muchos años de lucha, de sacrificio, de barreras y de mucho dolor. Con mucho respeto de parte nuestra, treinta y pico de años esperando. Ningún indicio de venganza, al contrario, tuvimos las leyes de la impunidad, así marcaron el camino los políticos corruptos. Hoy derogadas esas leyes llegan estos juicios de causas que debieron ser juzgadas hace años", sostuvo quien es además uno de los querellantes en esta causa.
33 años de búsqueda de justicia
Los relatos de presos políticos que compartieron cautiverio con los asesinados en la Masacre de Margarita Belén fueron los primeros en aportar datos para de-construir la versión oficial del enfrentamiento y fuga de sobrevivientes. Son los que vieron cómo eran sacados de los lugares de detención, escucharon y vieron las torturas a las que fueron sometidos en la alcaidía de Resistencia. Nunca hubo enfrentamiento, y menos fuga porque simplemente no hubo presos sobrevivientes. "Por la noche, después de la cena, y posterior al llamado a silencio son trasladados desde los calabozos los compañeros, también del pabellón, son sacados algunos compañeros como: Zamudio, Pierola, Yedro, Díaz, hacia el comedor donde ya estaban esperando el cuerpo de torturadores e inmediatamente comienzan a ser golpeados, siendo audible claramente, los golpes sordos, lamentos, quejidos, gritos desgarradores, ordenes y contraordenes de los jefes", declaró Ramón Eduardo Luque en 1985 ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco que se constituyó en comisión investigadora de los crímenes cometidos por la dictadura en la provincia.
Además de Luque, otros 11 ex presos políticos y 25 miembros de la policía chaqueña declararon en esa oportunidad ante los legisladores de la comisión. Se aportaron allí innumerables pruebas documentales entre las que se destacan, certificados de defunción informes policiales, recortes periodísticos, notas de familiares de la victimas a autoridades militares en funciones en esa época, las respuestas que estos enviaron esas notas, pedidos a organismos de derechos humanos de la provincia, legajos presentados ante la CONADEP, expedientes judiciales, etc.
Todo un corpus documental y de testimonios que ya en ese entonces pudo armar una versión más próxima a lo que ocurrió esa madrugada camino a Margarita Belén. Sin embargo se debió esperar 33 años para que la Justicia comience a juzgar a los responsables. "En muchas ocasiones lo que ha impedido que avance el juzgamiento es el constante encubrimiento de la justicia federal. Una serie de obstáculos sistemáticos que han ido poniendo para evitar el juzgamiento de la espantosa y paradigmática masacre de Margarita Belén", remarcó el día previo al inicio del juicio oral, el abogado Mario Bosch, querellante por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación es esta causa.
Bosch apuntó además que "muchos funcionarios judiciales que pertenecieron a la dictadura militar, han mostrado conductas de omisiones para investigar y en otros casos conductas activas de compromiso con los genocidas como el caso de Flores Leyes y Masoni que concurrían al centro clandestino de detención y luego fueron ascendidos en democracia. Si alguien pensó que estos eran cosas del pasado, van dejando coletazos en el presente y en el futuro".
Las otras causas de la Región
La Masacre de Margarita Belén, es la sexta causa judicial por crímenes de lesa humanidad cometidos por represores de la última dictadura militar que llega a juicio oral y público en nuestra región. Antes fueron juzgados y condenados en Misiones el ex jefe del Área 232, Carlos Humberto Caggiano Tedesco como responsable del secuestro, y posterior asesinato por torturas del Ingeniero Alfredo Gonzales, ex decano de la Facultad de Ingeniería Química, hoy Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la UNaM; los penitenciarios Rubén Gómez y José María Cuenca por su participación en tormentos agravados a presos políticos alojados en el Penal Federal de Candelaria y nuevamente a los jefes de Área 232 Caggiano Tedesco y Juan Antonio Beltrameti condenados como autores mediatos de secuestros, torturas, robo y la muerte de 2 detenidos desaparecidos en nuestra provincia durante los años 1976 y 1977.
En Corrientes en tanto el Tribunal Oral Federal juzgó los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 de esa provincia y condenó a los represores ex coronel Rafael Julio Barreiro; al coronel Horacio Losito ; el ex capitán y ex titular de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Carlos Demarchi y el ex comandante de Gendarmería Rafael Julio Barreiro. También fue condenado el policía Diego Ulibarri como responsable de la detención ilegal de Vicente "Cacho" Ayala, Julio César Barozzi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Romero.
En tanto en Chaco el primer Juicio Oral y Público no fue, como se esperaba, el de la causa Margarita Belén. Llegó antes a esa instancia la "Causa Caballero" que investiga y juzga crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco y en la Alcaidía de Resistencia. Este debate comenzó los primeros días de mayo de este año y aún continúa.
LA CAUSA MARGARITA
En Margarita Belén fueron asesinados 22 presos políticos tras ser salvajemente torturados en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, Chaco. Las mujeres fueron violadas y varios hombres castrados, en medio de las sesiones de torturas. Se pudo identificar a Patricio Blas TIERNO, Néstor Carlos SALA, Carlos ZAMUDIO, Luis Ángel BARCO, Roberto H. YEDRO, Delicia GONZALEZ, Luis DIAZ, Fernando G. PIEROLA, Raúl María CAIRE, Julio PEREYRA, Ema Beatriz CABRAL, Soñéz Reinaldo ZAPATA, Mario CUEVAS y a los misioneros Carlos Alberto DUARTE, Carlos TERESZECUK, Manuel PARODI OCAMPO y Luis Arturo FRANSEN. La cantidad de muertos aún está en discusión, y se presume pudo haber sido mucho mayor. Una versión habla de unos 30 presos más retirados de los cuartes de Resistencia, cuyos cadáveres habrían sido sepultados en una fosa común. La búsqueda de esa fosa es otra línea abierta que se sigue en la Justicia chaqueña y que será parte de otra causa.
Los imputados que desde el jueves pasado están frente al Tribunal Oral Federal de Resistencia son Gustavo Athos, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni, Luis Alberto Patetta y Alfredo Luis Chas. Están acusados de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes -Artículo 80 incisos 2 y 6 del Código Penal-, en perjuicio de 11 víctimas; en concurso real entre sí y por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo -desaparición forzada de personas. No son todos los responsables, algunos murieron en los últimos años y otros, se espera, sean individualizados por la justicia en el transcurso del debate oral.
La deuda de la democracia.
El juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura pudo retomarse en nuestro país tras declararse la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final arrancado al gobierno de ex presidente Raúl Alfonsín en 1986 y 1987 respectivamente y declarados inconstitucionales los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menen entre los años 1989 y 1990 a civiles y militares, entre los que se encontraban los represores condenados en el histórico Juicio a las Juntas.
La lucha de las organizaciones de derechos humanos, los familiares de víctimas asesinadas y desparecidos y los sobrevivientes de los campos de concentración que funcionaron en nuestro país posibilitaron y posibilitan que estos delitos estén siendo juzgados en distintos tribunales de la Argentina.
El Juicio y Castigo a los responsables es un necesidad para garantizar la vigencia plena del nuestra democracia. "No es posible democracia con impunidad, no es posible la construcción de una sociedad más justa, libre y democrática si no se investiga a las personas que tienen responsabilidad directa en la etapa más negra que vivió este país", destacó Mario Bosch momentos previos al inicio del debate por Margarita Belén.
